PRÉSTAMOS CONTRA ACTIVOS CORRIENTES (ASSET-BASED LOANS)

Entre las célebres frases del gurú financiero Warren Buffet está aquella que dice: “El efectivo es para un negocio, lo que el oxígeno es para un individuo”. Es esta frase, la que mejor grafica la preocupación de los empresarios medianos, pequeños y micro, que vienen siendo afectados por la ruptura de la cadena de pagos derivada de las medidas de prevención adoptadas por el gobierno ante el COVID-19, un virus que coincidentemente ataca las vías respiratorias.

Si bien es cierto, que muchos gobiernos han implementado programas de garantías para restablecer la citada cadena, también es cierto que, en muchos casos, el beneficio no ha alcanzado a un gran numero de empresas de menor tamaño por diversos motivos. Entre estos, destacan la falta de garantías reales para respaldar la parte no garantizada por el Estado y/o la informalidad de los deudores de menor tamaño, lo cual suele conllevar la carencia de registros contables, más allá de listados de Cuentas por Cobrar, Kardex de inventarios y estados de cuenta bancarios.

Una herramienta muy usada en Norteamérica y que podría ser muy útil en la reactivación de las cadenas de pagos en Latinoamérica, en especial a nivel de MIPYMES, son los préstamos contra activos corrientes que llamaremos Préstamo vía Activos (PVA), traduciendo de alguna manera su denominación Asset-Based Loans (ABL) como se les conoce en inglés. Estas son facilidades crediticias revolventes en las que las Cuentas por Cobrar e inventarios del deudor, se usan simultáneamente como fuente primaria y secundaria de repago. En otras palabras, el valor en libros de estos activos respalda los adelantos hechos por el acreedor, mientras que su venta y cobranza, según corresponda, genera los flujos para el repago de esos adelantos.

Tomemos el caso de un confeccionista cuyo negocio fue interrumpido por el COVID-19 cuando tenía inventarios con un valor en libros de 100, entre materias primas, productos terminados y cuentas por cobrar que sumaban 60. Al haberse paralizado también el negocio de sus clientes, nuestro empresario se vio obligado a usar su caja para cubrir planillas, servicios y ciertos proveedores. Al autorizarse el reinicio de operaciones, la empresa se encuentra sin dinero para volver a abrir la puerta del negocio, arrancar máquinas y volver a producir y vender.

El uso de un PVA permitiría al acreedor financiero de la empresa adelantarle hasta un 75% de sus cuentas por cobrar y hasta un 50% del valor de sus inventarios, es decir 45 más 50. Conforme las cuentas por cobrar, usadas para el desembolso original se vayan monetizando, esos ingresos rebajarían la deuda creando disponibilidad para que la empresa vuelva a tomar prestado el monto máximo de su línea. Este ciclo de reporte de saldos contables y determinación del monto máximo de la línea de crédito revolvente, se repite cada 30 días o con mayor frecuencia para deudores de mayor riesgo. Como medida de protección, el acreedor financiero recurre a una firma auditora, que semestralmente verifica los saldos contables reportados por los deudores.

El uso de este mecanismo crediticio conlleva ventajas tanto para deudores como acreedores. El deudor gana acceso a los recursos necesarios para reactivar su negocio, sin necesidad de contar con bienes inmuebles o depósitos bancarios, que pueda prendar a su acreedor financiero. El acreedor por su parte accede a una base objetiva para determinar el límite del crédito, junto a un derecho prendario sobre los activos corrientes que está financiando, lo cual, ausente una acción dolosa, le da una relativa certeza de recuperación (dado el margen de seguridad de 25% en cuentas por cobrar y 50% en inventarios). En el caso peruano, la legislación local exige la designación de un depositario o custodio de la prenda con responsabilidad civil y penal.

Si bien es cierto que el examen inicial (y luego cada seis meses) de los activos prendados genera un gasto para el deudor, este se compensa con la menor tasa de interés que los acreedores suelen otorgar bajo esta modalidad de crédito, dada su relativa seguridad de recupero.

No quisiera concluir sin precisar que la operatividad de este tipo de crédito no es tan simple como aquí se presenta, pero eso no desvirtúa sus ventajas. Aparte de la documentación notarial y registral a ser formalizada al inicio de la relación, está también la evaluación del valor de realización de los activos a ser pignorados. Esto conlleva una detallada auditoría de las cuentas por cobrar para verificar que estén debidamente respaldadas por los correspondientes pedidos de clientes, así como de los respectivos documentos de despacho y entrega. Así mismo, la naturaleza, condición y rotación de los inventarios deben ser cuidadosamente examinadas. Es en base a estos exámenes que luego se determina el porcentaje de adelanto para cada rubro.

En conclusión, la adopción de esta herramienta por las entidades financieras especializadas en la atención de MIPYMES podría ser muy útil en el entorno actual. Obviamente, esto pasa por contar antes con el apoyo de la entidad supervisora del sistema financiero de cada país, para que autorice esta modalidad crediticia y otorgue el tratamiento de garantías preferidas a las cuentas por cobrar e inventarios que se pignoren. En el Perú, a pesar de contar con un marco normativo favorable para el uso de garantías mobiliarias, las reglas bancarias vigentes solo reconocen como garantía preferida a los inventarios prendados mediante warrant. Corresponde a los gremios empresariales y profesionales insistir en la actualización de las reglas de juego.

JESÚS FERNANDO DE LA TORRE, MBA ASOCIADO, CONSULTORÍA.
RUSSELL BEDFORD PERÚ